La Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia número 1 de Baza ha decidido archivar la denuncia presentada por una trabajadora del Ayuntamiento de Baza contra dos concejales del equipo de gobierno por un presunto delito contra su integridad moral. Todas las acusaciones vertidas por esta funcionaria contra los concejales Mª Carmen Sánchez, responsable de Personal, y contra Antonio Peña, responsable de Agricultura, son falsas, tal y como ambos ediles defendieron desde el primer momento. A pesar de ello, este caso fue lamentablemente manipulado por algunos grupos políticos de la oposición para lanzar insidias contra el honor de estos dos concejales que, como ahora reconoce el Tribunal, siempre cumplieron con sus obligaciones con el máximo respeto y consideración a la trabajadora. De hecho, la denunciante no ha recurrido la decisión de la Justicia, lo que da por confirmado el sobreseimiento definitivo de esta causa.
El auto hecho público el seis de mayo de 2026 explica que “de las diligencias practicadas no se aprecian indicios suficientes de la perpetración de un delito contra la integridad moral en la modalidad de acoso laboral”. “Las prescripciones médicas fueron cumplidas por el Ayuntamiento que adaptó el puesto de trabajo tras recabar los informes técnicos oportunos”, dice el documento. “Tampoco se aprecia un trato degradante por parte de los concejales hacia esta funcionaria”, pues de los testimonios recogidos al resto de trabajadores se entiende que “el seguimiento de su actividad laboral se hacía por igual a todos”. En resumen, ni hubo persecución, ni hubo acoso, ni hubo ningún trato discriminatorio, nada de lo denunciado puede demostrarse porque no ocurrió
Los concejales absueltos de este delito se han mostrado satisfechos por la sentencia. Al mismo tiempo, desean mostrar su indignación por las graves acusaciones realizadas por la trabajadora municipal, que consideran que ha sido utilizada y manipulada por personas y colectivos más interesados en dañar al equipo de gobierno del Ayuntamiento de Baza que en la defensa de sus intereses personales. En este sentido se está barajando la posibilidad de pedir responsabilidades a algunos grupos políticos que no solo les negaron la presunción de inocencia, sino que publicaron en sus redes sociales como ciertos algunos delitos que ahora se demuestra que nunca existieron. “Está claro que actuaron de mala fe aprovechando algo que ellos mismos sabían que no era cierto, solo para hacer daño político. Esperamos una rectificación pública por su parte, pidiéndonos disculpas en los mismos espacios donde nos insultaron. La Justicia nos ha dado la razón y les ha dicho a todos que actuamos correctamente”, han expresado los concejales.