El alcalde de Baza, Manolo Gavilán, y la concejala de Bienestar Social, Mariana Palma, han comparecido este martes 8 de febrero ante los medios de comunicación para puntualizar algunas cuestiones relativas a la polémica surgida en torno al incremento del precio-hora aprobado por la Junta de Andalucía con respecto al servicio de ayuda a domicilio. Lo han hecho acompañados de Lucía Hernández Parra, presidenta del comité empresa del citado servicio. Según han explicado, a día de hoy es imposible técnicamente aplicar esa subida sin incurrir en una ilegalidad (así se determina en un informe de intervención en el que se indica que no se puede hacer una subida inmediata porque afecta a la naturaleza del contrato), aunque se siguen buscando soluciones para poder hacerlo.
En su intervención, Manolo Gavilán ha destacado en primer lugar el apoyo del Ayuntamiento a los más de 200 profesionales que prestan este servicio “con una profesionalidad y una calidad ejemplares”, así como el esfuerzo de la empresa por alcanzar una solución. Hasta el momento se han mantenido cuatro reuniones (en abril, mayo, agosto y octubre) y se tiene previsto celebrar otra este viernes para encontrar la opción más óptima.
El alcalde ha querido dejar claro también que desde el pasado 28 de enero los diferentes partidos con representación municipal tienen ese informe del servicio de intervención “que por supuesto no cuestionamos y que defendemos porque cuenta con profesionales de primera línea al frente”, en el que se deja claro que esa subida no se puede aplicar porque supondría afectar la naturaleza del pliego con el que se hizo la adjudicación del servicio en su momento al no contemplar ese cambio del precio-hora. “De aplicarla, incurriríamos en un conflicto legal”, explica, por lo que deja claro que no es que el Ayuntamiento de Baza no haga sus deberes, sino que hace falta una revisión normativa que indique cómo hacer efectiva esa subida sin incurrir en ilegalidad.
“Me reuní personalmente con los portavoces para explicar la situación en que nos encontramos y que nos preocupa especialmente, porque nuestra posición es de total apoyo a los trabajadores y a la empresa. Si alguien tiene otra solución, una salida desde la legalidad, será bienvenida. Esto no es una cuestión de colores sino de defender a 200 familias que están viviendo de esto”, añade.
Según lo especificado en el informe, existen tres opciones para enfrentar esta situación:
1º. La continuidad de la prestación del servicio de ayuda a domicilio conforme a la adjudicación realizada por el pleno el 30 de septiembre de 2020.
2º Iniciar un procedimiento de revisión de oficio, que requiere informe vinculante del Consejo Consultivo de Andalucía y cuya consecuencia puede ser la declaración de nulidad de la cláusula conflictiva, lo que supondría la liquidación del contrato y la indemnización a la empresa adjudicataria.
3º. La resolución del contrato por mutuo acuerdo y aprobación de unos nuevos pliegos adaptados al precio hora aprobado por la Agencia de Servicios Sociales de Dependencia de Andalucía.
Esta tercera opción abriría la posibilidad de que optaran a quedarse con el servicio otras empresas, aspecto a tener también en cuenta ya que, según ha explicado la presidenta del comité de empresa, la voluntad de los profesionales es que pueda cumplir los tres años de contrato que el pliego recoge porque están contentos con ella y no quieren perder estabilidad. “Desde el primer momento nos han ido comunicando desde el Ayuntamiento la situación y nos consta que todos los partidos políticos conocen el informe. Esperamos que todos se unan para encontrar una solución”, concluía.
Por su parte, Manolo Gavilán ha insistido en que a día de hoy es este el escenario que se tiene sobre la mesa, “pero vamos a seguir buscando una solución”.