El alcalde de Baza, Manolo Gavilán, valora positivamente que un total de quince empresas y UTEs hayan presentado sus ofertas para la redacción del estudio informativo del corredor ferroviario Lorca-Baza-Guadix y reconoce el compromiso del Gobierno de España con este territorio. “Queda patente que se ha pasado al momento de los hechos y que se apuesta de forma decidida por la mejora de las infraestructuras con este proyecto que sigue avanzando para que un día tengamos esa línea ferroviaria que supondrá un importante impulso para nuestro desarrollo económico y social”, asegura.
El presupuesto de licitación del proyecto es de 1,59 millones de euros y el plazo de ejecución es de 24 meses. El objetivo es restablecer la línea ferroviaria clausurada en el año 1984, lo que supondría recuperar la conexión ferroviaria entre Andalucía y Murcia “y hacer que nuestra zona sea el enlace natural con el Levante”. En opinión del alcalde, “ha llegado el momento de comarcas como la nuestra y este proyecto evidencia el interés del Gobierno de España por apoyar territorios que, sin el apoyo de las administraciones, estarían condenados a la despoblación”.
El hecho de que hayan sido quince las empresas interesadas en la redacción del estudio demuestra el interés que ha suscitado el proyecto, así como la oportunidad que supone para la empresa adjudicataria. “También apoyamos, por supuesto, el Corredor Mediterráneo, la gran apuesta europea de la que saldría este ramal como salida natural hacia el Levante”, añade el alcalde.
Tal y como se comunicaba a través de la Delegación del Gobierno en Andalucía hace tan solo unos días, el objeto de este estudio informativo es la elección de la alternativa óptima para el establecimiento de una conexión ferroviaria entre Lorca y Guadix, con tráfico mixto y paradas intermedias a determinar, conformando un nuevo enlace entre Andalucía y el Levante peninsular. Siempre en base a un análisis que se realiza bajo consideraciones técnicas, económicas, medioambientales, urbanísticas y de explotación. Este contrato incluye los trabajos necesarios para llevar a cabo los trámites de información pública y consulta a las Administraciones Públicas afectadas y personas interesadas establecidos en la Ley 38/2015 del Sector Ferroviario y en la Ley 21/2013 de Evaluación Ambiental vigentes, hasta llegar a la aprobación del expediente de información pública