El Ayuntamiento de Baza pide, con los votos de PSOE, Ciudadanos e IU y en contra de Partido Popular y de Vox, a la Junta de Andalucía que no cierre la oficina liquidadora de la consejería de Hacienda de Baza.
El Ayuntamiento de Baza aprobó ayer tarde en pleno, con los votos de PSOE, Ciudadanos e IU y en contra de Partido Popular y de Vox, pedir a la Junta de Andalucía que no cierre, ni disminuya las funciones de la oficina liquidadora de la consejería de Hacienda radicada en el registro de la propiedad de Baza.
La moción pide la paralización de la Instrucción de 3 de diciembre de 2019, del Director de la Agencia Tributaria de Andalucía, para la ordenación de actuaciones a realizar como consecuencia de la expiración el 31 de diciembre de 2019 del convenio de 26 de julio de 1999 de la Consejería de Hacienda, Industria y Energía de la Junta de Andalucía, por la que desde el 5 de diciembre las oficinas liquidadoras no realizan trámites nuevos y obligan al envío de toda la documentación a las sedes provinciales antes del 31 de diciembre.
En la misma se hace referencia a las graves consecuencias económicas y sociales que puede tener la medida, que deja a los ciudadanos de toda la comarca sin los servicios de asesoramiento y tramitación de tributos de la Junta de Andalucía tan comunes las transmisiones, los actos jurídicos documentados, las operaciones societarias, sucesiones y donaciones y las segundas transmisiones de vehículos.
Por unanimidad fueron aprobadas otras dos mociones, también presentadas por el grupo municipal del PSOE. Por un lado, para garantizar la igualdad de trato entre las parejas de hecho y las casadas en el acceso a las pensiones de viudedad y, por el otro, para manifestar un posicionamiento en contra de los aranceles que ha impuesto Estados Unidos a los productos andaluces.
También por unanimidad salió adelante el nuevo procedimiento que seguirá el Ayuntamiento de Baza para la concesión y cesión de locales municipales a asociaciones. La medida, que se toma en cumplimiento con el Reglamento Municipal de Participación Ciudadana, da oficialidad a la cesión temporal y gratuita de instalaciones para que las asociaciones sin ánimo de lucro puedan desarrollar su actividad y establece y detalla las obligaciones del concesionario respecto al bien cedido, tales como conservación, uso no lucrativo y ligado a los fines de la asociación y la obligatoriedad de sufragar los gastos del uso del local, entre otros. Y determina las obligaciones del Ayuntamiento respecto a las instalaciones cedidas y las causas de cesión de uso de los locales.